No. 1209
2 de enero de 2000

Chiapas: un lugar en el mapa

Algunas de las características demográficas, económicas y sociales de Chiapas, que lo han colocado "hasta abajo en los índices de desarrollo, han contribuido a crear condiciones políticas y culturales de excepcionalidad. Aún así, Chiapas ha avanzado —si bien más lentamente y en forma desigual— por el mismo camino que el resto del país, pero casi al terminar el siglo XX, este camino ha dado giros inesperados".

Esa tesis la desarrolla el investigador y consejero electoral, Emilio Zebadúa, en el libro Breve historia de Chiapas, que el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México pondrán en circulación próximamente y del que Proceso adelanta un fragmento.

Desde hace tiempo, las riquezas naturales de Chiapas han atraído inversiones públicas y privadas para la explotación de sus bosques, aguas y subsuelo. Las maderas —pino, ciprés, liquidámbar, encino, macules, amate, cedro y caoba— son de los bienes más atractivos en el estado para las empresas comerciales. En 1995, por ejemplo, se comercializaron 525 mil 607 toneladas de coníferas, y actualmente la industria de la madera y el papel tiene la mayor participación relativa (dentro de las diversas industrias manufactureras del estado) en la industria nacional. Compañías trasnacionales como Simpson, International Paper y Lousiana Pacific se han interesado, en el marco del Tratado de Libre Comercio, en invertir en la producción de papel; y la empresa regiomontana Pulsar, que tiene inversiones en los bosques de Ocosingo, ha manifestado su deseo de expandir sus negocios en el estado.

 Otras fuentes naturales de riqueza en Chiapas son explotadas por empresas paraestatales dependientes del gobierno federal: Petróleos Mexicanos explota los yacimientos petrolíferos que se encuentran en el estado y que, por norma constitucional, pertenecen a la nación. El estado contribuye con alrededor de 6.5% de la producción petrolera nacional y proporciona cerca de una cuarta parte del gas natural que se produce en el país. La electricidad generada en Chiapas por la Comisión Federal de Electricidad en las centrales hidroeléctricas de Malpaso, La Angostura, Chicoasen y Peñitas representa casi la mitad de la energía hidroeléctrica producida en México y 8% del total de la energía eléctrica. En 1993 se produjeron 11 mil 831.74 gigawatts por hora, que sirven para electrificar la mayor parte del Valle de México. En 1990, sin embargo, 15% de las viviendas no tenía cocina y una tercera parte no tenía energía eléctrica.

 La riqueza que se produce en Chiapas está particularmente mal distribuida entre los habitantes del estado. De acuerdo con los parámetros oficiales, se trata de la entidad con mayor grado de "marginación". Más de una tercera parte de los municipios del estado están clasificados como de marginación "muy alta"; más de la mitad de los habitantes del estado que trabajan reciben menos de un salario mínimo y las condiciones sociales que caracterizan a la mayoría de la población colocan a Chiapas como el estado más pobre de la República. Dentro de la entidad, las zonas donde tradicionalmente ha existido (o existe) una mayor concentración de pueblos indígenas, la pobreza es aún más extrema. En la zona de los Altos y en la Selva —hacia donde migraron durante las anteriores décadas decenas de miles de indígenas, campesinos, jornaleros y sus familias— más de la mitad de la población no alcanza los niveles mínimos de nutrición, ni el salario mínimo ni una educación formal. Las comunicaciones en el estado son relativamente deficientes e insuficientes. En 1994 apenas había unos 16 mil kilómetros de carreteras, y sólo 20% de ellas estaba pavimentada. Muchas comunidades no cuentan con luz eléctrica o drenaje. En promedio, más personas habitan una vivienda que a nivel nacional.

 La población del estado en 1990 (XI Censo General de Población y Vivienda, INEGI, 1990) era de 3.2 millones de habitantes, y entre 1970 y esa fecha la población aumentó a una tasa de 3.64% (comparada con la de 2.64% que registró el país en su conjunto).

 Chiapas es un estado predominantemente agrícola; de hecho, sólo en Oaxaca un porcentaje mayor de su población económicamente activa está dedicada a la agricultura. Alrededor de 58% de la población trabajadora de Chiapas se gana la vida en labores del campo. La inmensa mayoría de las tierras (más de 95%) son de temporal; menos de 5% de los campos cultivados tiene acceso a irrigación artificial. Dos terceras partes de las tierras de todo el estado están dedicadas al cultivo de maíz, mientras que las tierras de riego se dedican principalmente a la producción de frijol, melón, plátano, mango y caña de azúcar, además de maíz. Estas propiedades se encuentran concentradas en unos cuantos distritos, como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Comitán y Villaflores.

 En algunas regiones del estado la tierra se dedica a la producción de bienes comerciales o a la cría de ganado, la concentración de la propiedad es más marcada. La reforma agraria comenzó tarde en Chiapas, y a pesar de que se intensificó entre 1950 y 1970 —cuando la propiedad social en Chiapas creció por encima de la media nacional—, de la superficie censada en 1990, 43.42% correspondía a pequeñas propiedades mayores de cinco hectáreas. A principios de la década de los noventa, la proporción se redujo a 37.5%, aunque es notable la disparidad existente entre el tamaño promedio de la pequeña propiedad en los distintos municipios, ya que mientras el promedio estatal es de 30 hectáreas, en algunos casos alcanza valores por encima de las 50 hectáreas. También existen municipios en donde la pequeña propiedad mayor de cinco hectáreas es predominante: entre ellos destacan Palenque (53.3%), Pichucalco (92.3%), Reforma (81.3%), Sitalá (64.7%), Sunuapa (93.2%), Tapachula (66.34%). Tonalá (52.8%), Villa Corzo (53.2%) y Yajalón (60.9%). La mitad de las tierras del estado (unas 3 millones de hectáreas) mantiene a unos 200 mil ejidatarios y pequeños propietarios y a sus familias, que cuentan con parcelas de menos de siete hectáreas en promedio. Pero las desigualdades en la propiedad de la tierra son aún más agudas que lo que estas cifras muestran. La sobrepoblación de los ejidos volvió, durante las últimas décadas, insostenible la vida en muchas comunidades, de donde tuvieron que emigrar un número muy alto de campesinos y jornaleros.

 La desigualdad en el ingreso es muy marcada. Sin embargo, la pobreza tan extendida en el estado no ha significado estancamiento económico o, mucho menos, falta de actividad productiva en la historia contemporánea del estado. De hecho, entre 1950 y principios de la década de los setenta, Chiapas se desarrolló significativamente. El gobierno invirtió en infraestructura energética. Más aún, los sectores comerciales tradicionales crecieron: la producción de los principales cultivos y materias primas se expandió; la extensión de tierras bajo cultivo se triplicó; los ranchos ganaderos se consolidaron como una de las principales actividades productivas y el ganado en el estado se multiplicó cinco veces. Sin embargo, esto trajo como consecuencia también que las tierras que podían haberse dedicado al cultivo —comercial o de autoconsumo— fueran convertidas en pastizales.

 La mala distribución en la tenencia de la tierra y en el ingreso, junto con un crecimiento demográfico muy alto en este periodo, crearon condiciones que volvieron inviable la manutención de miles de familias campesinas. El gobierno respondió con una etapa más de la reforma en el campo, repartiendo alrededor de 50% de las tierras cultivadas a los ejidos y duplicando el número de ejidatarios en el estado. Pero no fue suficiente. El gobierno también invirtió recursos extraordinarios en programas sociales que buscaban aminorar los niveles de miseria, evitar conflictos agrarios y fomentar el desarrollo del estado. Pero no logró reducir la pobreza.

 Comenzó entonces una emigración masiva de los Altos a las Cañadas en la Selva Lacandona. Las alternativas tradicionales a las que los indígenas de las comunidades de los Altos recurrían históricamente para complementar el ingreso de sus familias, esto es, el trabajo temporal en las plantaciones cafetaleras y en los ranchos ganaderos, no logró satisfacer ya la demanda de empleo. Las obras de infraestructura que se construyeron en esos años sólo ofrecieron trabajo a un número limitado de obreros; muchos de ellos provenientes de otros estados de la República. Empezó entonces un proceso de colonización de la selva. Una parte importante de los bosques fueron destruidos para abrir terrenos al cultivo o para la alimentación del ganado. A muchas de las nuevas comunidades el gobierno les concedió ejidos, formalizando con ello la tenencia de los terrenos colonizados. Pero en 1972, la mitad de la Selva Lacandona fue otorgada a los lacandones, 66 jefes de familia fueron declarados dueños de más de 600 mil hectáreas, apenas unos cientos en comparación con varias decenas de miles de indígenas tzeltales, tzotziles y choles recién llegados a la región. Para efectos legales, esta disposición le impuso una frontera territorial a la migración. Años después, los terrenos abiertos a los colonos fueron reducidos nuevamente por varios decretos presidenciales.

 En la década de los ochenta, el desarrollo equilibrado (y la paz social) requirieron de medidas extraordinarias. Las tensiones sobre la tenencia de la tierra derivaron en diversas formas de violencia; el número de invasiones a los terrenos de las comunidades y a las propiedades particulares se había disparado en los últimos años. A través de programas públicos federales se invirtieron millones de dólares provenientes de ayuda externa; se compraron tierras para repartir entre los indígenas y se instrumentaron políticas de "combate" a la pobreza extrema. Dentro de los programas de asistencia social, Chiapas se convirtió en la prioridad nacional. Y, de esta manera, el gobierno federal se responsabilizó del desarrollo del estado.

 Sin embargo, los beneficios de los programas gubernamentales no llegaron a todas las comunidades campesinas; ni los que llegaron se distribuyeron siempre de manera equitativa. La política intervino en este proceso... y lo distorsionó. Las organizaciones oficiales intentaron concentrar los recursos para el desarrollo social, pero desde las 70 nuevas organizaciones independientes comenzaron a competir por la simpatía y la militancia de los campesinos y los trabajadores del estado. Hubo intentos por sindicalizar a jornaleros agrícolas del norte y el Soconusco. En las Cañadas tuvo éxito la inserción de fuerzas de izquierda en las comunidades indígenas.

 La organización en esta región surgió de los ejidos y las asociaciones de ejidos en los municipios de Ocosingo y Las Margaritas (Quiptic Ta Lecubtesel y la Unión de Ejidos Tierra y Libertad y la Unión de Ejidos Lucha Campesina). La vinculación de estas uniones en una Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas y la constitución de una unión de crédito (Pajal Ya Kac'Tic) a principios de 1980, representó un avance cuantitativo y cualitativo en la organización de las comunidades indígenas de las Cañadas. Su poder de negociación —para la obtención de créditos, la dotación de servicios públicos y la gestión de títulos y permisos— se incrementó sustancialmente. También creció su potencial político y su atractivo para grupos de diversa tendencia ideológica que, provenientes del exterior del estado, comenzaron a hacer proselitismo en las Cañadas. Las asociaciones de crédito rural derivaron con el tiempo, y por circunstancias particulares, en grupos de autodefensa armada.

 En 1974, en el Congreso Indígena de Chiapas, con la participación del obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz, se reunieron cientos de comunidades indígenas a deliberar sobre los problemas materiales que todas ellas enfrentaban: tierra, alimentación, educación y salud. Habiendo optado por los pobres, la diócesis llevaba alrededor de una década desplegando una amplia tarea evangelizadora por medio de catequistas indígenas. De esta manera adquirió una presencia significativa dentro de muchas de las nuevas comunidades de las Cañadas. Durante los siguientes años, el número de catequistas se triplicó, llegando a alrededor de 2 mil, la mitad de ellos en los pueblos de las Cañadas. En las comunidades los catequistas y, por lo tanto, las diócesis gozaban de gran autoridad.

 En la década de los ochenta, la precariedad de la vida en estas regiones se agravó —a pesar de los esfuerzos oficiales, eclesiásticos o colectivos—. La crisis económica nacional afectó las finanzas públicas y el gobierno disminuyó los programas de apoyo al campo. Los créditos y subsidios fueron reducidos drásticamente. En 1989, el precio internacional del café cayó a menos de la mitad. Los pequeños productores perdieron todo y los jornaleros cafetaleros quedaron desempleados. Unos años antes se había decretado el fin de la reforma agraria en Chiapas; ya no se repartirían más parcelas a los campesinos o indígenas sin tierra. La reforma posterior al artículo 27 de la Constitución autorizó la venta de las tierras ejidales. Y, a principios de los noventa, la política de liberalización comercial del gobierno adelantó la futura entrada al mercado de maíz y frijol a precios más bajos que los del mercado nacional. En conclusión, en unos cuantos años, las condiciones legales y económicas en las que miles de campesinos chiapanecos se sostenían se modificaron drásticamente.

 Por ello, en 1992, durante la conmemoración del 500 aniversario del descubrimiento de América en San Cristóbal de las Casas, cerca de 10 mil indígenas provenientes de los municipios circundantes protestaron contra las condiciones históricas de explotación. La manifestación fue un reflejo del grado de organización que las comunidades indígenas de los Altos y las Cañadas habían adquirido a lo largo de una década. Poco más de un año después, en la madrugada del 1º de enero de 1994, miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) —una fuerza político-militar que evolucionó en las Cañadas de la conjunción de diversas organizaciones de izquierda, comunidades indígenas y líderes sociales y eclesiásticos de base— tomaron San Cristóbal de las Casas y Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano, y poco después Chanal, Huixtán y Oxchuc, para declarar la guerra al gobierno federal y protestar a favor de los indígenas.

 Desde entonces, las condiciones de la política nacional y estatal cambiaron. El EZLN y el gobierno llevaron a cabo una larga negociación en San Andrés Larráinzar sobre la "libre determinación de los pueblos indios" en la que participaron representantes de la sociedad civil de muchas partes del país. En Chiapas, el impacto no ha sido menor. El mapa electoral que caracterizó durante tantos años al estado se modificó. Los resultados de las elecciones federales de 1994 rompieron la tendencia de los procesos electorales anteriores. Mientras que en 1988 el PRI obtuvo 90% de los votos y en 1991 todavía conservó 76.2%, en 1994 sus resultados se redujeron a poco menos de la mitad de los votantes. Por su parte, las elecciones locales dejaron de ser simple rutina para el PRI; se han integrado consejos plurales en varios municipios y creado "municipios autónomos". En las elecciones municipales de 1995 hubo un elevado abstencionismo, resultados cerrados entre los principales contendientes y un número alto de votos nulos en algunos lugares. Las campañas se llevaron a cabo en un contexto de violencia y protestas de organizaciones sociales (toma de palacios municipales y bloqueo de carreteras) y hubo, como resultado, un ambiente político que volvió ingobernables varios municipios del estado. En diciembre de 1997, 45 hombres, mujeres y niños fueron asesinados brutalmente por un grupo armado en Acteal, en el municipio de Chenalhó. La Procuraduría General de la República reconoció la "sorprendente ausencia de cauces e instituciones para la solución pacífica de los conflictos".

 A finales del siglo XX, los indígenas se han convertido en sujetos de la historia del país. Un logro tardío, no sólo en relación con los 500 años que han transcurrido desde la Conquista, sino incluso con respecto de los propios principios en que se funda la nación mexicana. Al fin de cuentas, los indígenas representan cerca de 10% de la población mexicana y en Chiapas alrededor de 26% del total. En ninguna otra entidad de la República los indígenas tienen un lugar tan importante en la realidad socioeconómica y cultural, a la vez que continúan al margen de los procesos dominantes de la vida local. La resolución de esta contradicción representa el reto fundamental para el desarrollo armónico del estado.